El 3 de noviembre de 2026 el Senado de la República aprobó, con 72 votos a favor, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que en redes sociales ya se conoce como "ley antimemes". La Cámara de Diputados la había aprobado el 7 de octubre de 2026, por lo que el decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Más allá del debate público sobre los memes, el cambio de fondo es para las empresas: crea un régimen de responsabilidad para los proveedores de servicios de internet cuando sus usuarios infringen derechos de autor, con multas que pueden superar los 4.6 millones de pesos.

Si tu empresa opera una plataforma, un marketplace, un sitio donde terceros suben contenido o presta servicios de conectividad o alojamiento, este es el momento de revisar términos, políticas y procesos internos.

Qué aprobó el Congreso

Según lo reportado por El Imparcial y Zeta Tijuana, la reforma modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la ley. En la Cámara de Diputados se aprobó en lo general con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención. Sus promotores sostienen que busca armonizar la legislación mexicana con los compromisos del T MEC; la oposición cuestionó ese argumento y advirtió riesgos de censura.

El punto central es un esquema de responsabilidad secundaria. De acuerdo con lo publicado por Crónica con base en el dictamen, el proveedor no será sancionado simplemente por prestar servicios de conexión o de intermediación tecnológica, y la reforma no obliga a las compañías a vigilar de manera permanente todos los contenidos. Pierde esa protección en dos supuestos:

  • Cuando contribuya, induzca o cause una conducta infractora y tenga conocimiento de ella.
  • Cuando tenga capacidad para controlar la conducta del usuario infractor y obtenga un beneficio financiero directamente atribuible a esa actividad.

Zeta Tijuana reporta además que las empresas deberán retirar de manera expedita el material señalado como infractor. Ninguna de las fuentes que revisamos precisa un plazo concreto para ese retiro, así que habrá que leerlo en el texto que se publique en el DOF.

La política contra usuarios reincidentes

La obligación más concreta es contar con una política para suspender o terminar el servicio a usuarios que reincidan en infracciones a derechos de autor. Esa política debe cumplir condiciones mínimas:

  1. Publicarse de manera permanente en el sitio web del proveedor.
  2. Incorporarse a los términos y condiciones del servicio.
  3. Prever mecanismos mínimos de notificación a las personas afectadas.
  4. Contemplar la suspensión del servicio para infractores reincidentes.

La razón para tomarla en serio es económica: de acuerdo con El Imparcial, si la política cumple esas condiciones, el proveedor no será responsable por los daños y perjuicios que se causen a los titulares de los derechos. Es, en la práctica, el puerto seguro que protege a la empresa frente a reclamos de los titulares.

Cuánto pueden costar las multas

Las sanciones se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y dependen de la infracción del artículo 231 de la ley. Con el valor diario de la UMA para 2026 de 117.31 pesos, los rangos reportados son:

  • De 5,000 a 40,000 UMA (aproximadamente de 586,550 a 4,692,400 pesos) para la mayoría de las fracciones.
  • De 1,000 a 5,000 UMA (de 117,310 a 586,550 pesos) para la fracción VI.
  • De 500 a 1,000 UMA (de 58,655 a 117,310 pesos) para otros supuestos de la fracción X.
  • De 100 a 500 UMA adicionales cuando la infracción persiste.

Publimetro y Crónica señalan que las multas las impondrá el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Para los usuarios, El Imparcial precisa que las sanciones no se aplican de manera automática por compartir memes; el foco está en los proveedores.

Cuándo entra en vigor

Al cierre de esta nota el decreto no se ha publicado en el DOF. Las fuentes indican que entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación. Si se publica en las próximas semanas, la obligación estaría vigente alrededor de mayo de 2027. Ajustar contratos, procesos y sistemas suele tomar más de lo previsto.

Qué empresas deben revisar su situación

La definición exacta de proveedor de servicios de internet habrá que leerla en el decreto publicado. Mientras tanto, en CounselHub sugerimos que hagan este análisis las empresas que:

  • Operan tiendas en línea o marketplaces donde terceros publican fotos, descripciones o videos.
  • Administran comunidades, foros, apps o portales con contenido generado por usuarios.
  • Prestan servicios de alojamiento, nube o conectividad a clientes.
  • Obtienen ingresos por publicidad o comisiones ligadas al contenido que suben sus usuarios, porque el beneficio financiero es uno de los supuestos de responsabilidad.

Las demás empresas también tienen tarea: con un régimen que da más herramientas a los titulares de derechos, conviene revisar que la música, imágenes y videos que se usan en publicidad y redes sociales cuenten con licencia vigente.

Recomendación CounselHub: no esperen a la publicación en el DOF. Hagan un inventario de los servicios en línea de la empresa, identifiquen dónde terceros suben contenido y preparen desde ahora un borrador de política de reincidentes, la cláusula para sus términos y condiciones y un procedimiento interno de atención de reportes con responsables y tiempos definidos. Cuando salga el texto oficial, solo habrá que ajustarlo.

En CounselHub acompañamos a empresas en Monterrey y en todo México en la revisión de términos y condiciones, contratos con proveedores tecnológicos y políticas de cumplimiento. Si tu negocio opera en línea, con gusto revisamos tu caso antes de que la reforma entre en vigor.